Vecinos de General Lavalle denunciaron que figuran en el Boletín Oficial cobrando subsidios por "bajos recursos" que jamás pidieron ni recibieron. Tras los reclamos, las autoridades municipales intentaron minimizar la situación, explicando que “se usaron informes sociales  de indigencia para intentar blanquear y justificar pagos parciales de trabajos precarios hechos meses atrás”. Ahora, muchos damnificados exigen respuestas urgentes sobre el uso indebido de sus datos.

Decretando pobreza para pagar trabajos precarios

¿Te hacen trabajar en la municipalidad de General Lavalle emitiendo decreto como subsidio de ayuda económica por bajo recurso?

Esta práctica se conoce técnicamente como fraude a la administración pública, fraude laboral o relación laboral encubierta bajo la figura de asistencia social. En el ámbito cotidiano y gremial, se denomina directamente precarización laboral extrema.

Este hecho encuadra en múltiples figuras legales de gravedad:

En el ámbito penal y laboral de la República Argentina, esta práctica se puede definir bajo los siguientes conceptos:

Figuras Penales (Delitos contra la Administración Pública)

Cuando un municipio emite un decreto de subsidio por "bajo recurso" para una persona, pero en la práctica le exige contraprestación laboral ordinaria, se configuran delitos del Código Penal:

Malversación de caudales públicos: Se desvían fondos públicos que legalmente fueron asignados por decreto a "asistencia social" (subsidios de ayuda económica sin contraprestación laboral) para financiar de manera encubierta gastos operativos de personal del municipio.

Falsedad ideológica: Se insertan declaraciones falsas en un documento público (el decreto municipal). El decreto afirma oficialmente que el ciudadano recibe una asistencia humanitaria por vulnerabilidad económica, ocultando deliberadamente que se trata de la remuneración de un empleado en funciones.

Exacciones ilegales / Fraude: Si además el monto total del decreto no coincide con lo que el trabajador efectivamente cobra de bolsillo, se incurre en una estafa procesal y malversación agravada.

Figura Laboral (Fraude Laboral y Precarización)

Fraude a la Ley Laboral (Art. 14 de la LCT / Principio de Primacía de la Realidad): En el derecho laboral argentino rige que las cosas son lo que son, no lo que las partes dicen que son. Si hay órdenes, un horario, tareas asignadas y un pago mensual, existe una relación de empleo público dependiente, sin importar que el municipio lo disfrace bajo el nombre de "subsidio", "beca" o "ayuda social".

Desnaturalización de los programas sociales: Se utilizaron herramientas destinadas a la emergencia social para encubrir la falta de personal en planta o contratos formales, privando al trabajador de sus derechos (aportes jubilatorios, obra social, aseguradora de riesgos del trabajo, aguinaldo y vacaciones, entre otros).

Existe una clara hipocresía en el manejo del Boletín Oficial municipal: se registran numerosos decretos bajo el concepto de "supuestos subsidios económicos", cuando en realidad encubren una situación de precarización laboral extrema. Esta maniobra se ejecutó desde el área social del municipio, bajo la gestión de la Sra. Natalia Loureiro.

Muchos de los ciudadanos mencionados afirman que jamás pidieron asistencia, sino que firmaron planillas por horas de trabajo asignadas. Las pruebas de este fraude son contundentes e incluyen detalles de depósitos bancarios, decretos rubricados y mensajes en los teléfonos de los damnificados.

La mira de la investigación se centra ahora sobre todos los decretos de ayuda económica firmados durante la gestión del intendente Nahuel Guardia. El caso debilita la legitimidad del municipio para controlar el empleo en el sector privado. Además, abre la puerta a futuras demandas laborales que impactarán directamente sobre los fondos públicos provistos por los contribuyentes.

Podés consultar los decretos en el Boletín Oficial:

https://sibom.slyt.gba.gob.ar/cities/51